Con una jornada de protestas en todo el país, las organizaciones sociales le reclamaron al presidente Javier Milei que no cierre el programa Volver al Trabajo. El Gobierno ya anunció que este mes será el último en que los 900 mil beneficiarios del programa tendrán asistencia. A partir de ahora, el Estado nacional sólo ofrecerá a los desocupados cursos de capacitación, sin ninguna paga. La policía reprimió a un grupo de manifestantes en Puente Pueyrredón.
El cierre del programa afecta centralmente a las mujeres que sostienen los comedores populares de los barrios más pobres y a trabajadores de la economía popular: costureras de los polos textiles, cartoneros, recicladores, quinteros, promotoras de salud, trabajadoras de guarderías comunitarias.
En los gobiernos anteriores, el programa que los asistía tuvo el carácter de un salario complementario, destinado a mejorar el ingreso de los trabajadores informales, y consistía en la mitad de un salario mínimo. La gestión libertaria congeló primero su monto -por eso actualmente era de apenas 78 mil pesos- y ahora decidió eliminarlo, como parte de su guerra declarada contra los movimientos sociales, que empezó quitándole a los comedores populares la asistencia en alimentos, siguió con los operativos antiprotestas e incluyó una campaña de difamación que acusó a las organizaciones sociales de tener comedores fantasma. Hoy se sabe, porque el propio ministerio de Capital Humano lo admitió, que no realizó las auditorías en las que dijo haber encontrado las irregularidades con las que se excusó para dejar de mandarles alimentos.
El programa económico de La Libertad Avanza, de apertura indiscriminada de las importaciones y baja de los salarios, ha provocado ya el cierre de 25 mil empresas. Por eso, ante el argumento del gobierno, que sostiene que eliminó el Volver al Trabajo porque “no servía” para reinsertar laboralmente a sus beneficiarios, fue replicado desde los movimientos sociales con una pregunta: “¿Dónde vamos a volver a trabajar?”.
En la jornada de protesta confluyeron más de 70 organizaciones de todo el arco de los movimientos sociales, agrupados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Bloque Piquetero y la Coordinadora por el Cambio Social.
El ministerio de Seguridad desplegó fuertes operativos de seguridad en las protestas. En el Puente Pueyrredón, por ejemplo, actuaron fuerzas de la policía federal, la gendarmería y la prefectura, y hubo momentos de tensión cuando los piqueteros encendieron neumáticos en el medio de la calle y fueron reprimidos con gas pimienta.
Los canales de televisión transmitieron los cortes en vivo, pero con pantalla partida: el segundo tema del día fue la decisión de las empresas de transporte de reducir a la mitad los servicios de colectivos por el aumento del precio de la nafta, otra situación que empeorará las condiciones de vida de la población de menores recursos.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aprovechó la jornada de protesta para apuntar contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “Sin reglas claras no hay orden. Las imágenes de los cortes en Avellaneda, Puente Saavedra y distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires muestran claramente la falta de ley y orden en su territorio”, le endilgó la sucesora de Patricia Bullrich. Monteoliva agregó que la decisión del gobernador de no reprimir los reclamos genera “que la calle quede liberada a grupos de izquierda que buscan extorsionar y desestabilizar al Gobierno”.
Kicillof no le contestó. Sin embargo, su ministro de gobierno, Carlos Bianco, ha criticado la finalización del programa Volver al Trabajo, considerándolo como un ajuste que ignora la realidad socioeconómica que atraviesa el país.
Las capacitaciones libertarias
En lugar del programa Volver al Trabajo, el ministerio de Capital Humano convocó a inscribirse en capacitaciones que estarán a cargo de empresas privadas. En el verano ya hizo una prueba piloto, con Sinteplast -se trató de un curso para pintores- y anunció haber acordado también con empresas como Mc Donald’s. El ministerio publicita su propuesta como el reemplazo de los planes sociales por vouchers educativos, pero no hay más que una frase publicitaria, vacía contenido.
El problema no es que falten cursos: dan capacitaciones para el empleo los gobiernos municipales, los sindicatos y los propios movimientos sociales. Lo que no hay es generación de empleo de calidad, una tendencia que lleva treinta años -sólo con un paréntesis en el primer gobierno kirchnerista-; la tendencia se ha agravado con Milei, con quien se han perdido -desde diciembre de 2023- 300 mil puestos de trabajo en blanco en el sector privado.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular, planteó que la eliminación del programa afectará al mercado interno. “Los fondos que antes circulaban en los almacenes de los barrios populares ahora se destinarán a corporaciones como Arcos Dorados (McDonald’s) o Sinteplast para dictar formaciones cortas, sin ninguna obligación de contratación por parte de las empresas”, advirtió. Para la organización, el gobierno plantea a los trabajadores informales una situación sin salida, “porque les exige ‘volver’ a un mercado laboral en retracción”.
“Esto no es reconversión laboral, es dejar sin ingreso a quienes sostienen el trabajo en los barrios. Nos hablan de capacitarnos mientras destruyen el empleo y cierran las oportunidades reales de trabajo. Le sacan recursos a las cooperativas, a los comedores y a las tareas de cuidado para redirigirlos a programas que no garantizan ninguna salida laboral”.
Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, sostuvo que “para las economías regionales la eliminación del programa va a ser una catástrofe, son 600 millones de dólares menos por año que van a dejar de circular”.
