El Gobierno evalúa dos concesiones clave para apuntalar la reforma laboral

El Gobierno estudia incorporar dos concesiones clave en el proyecto oficial de reforma laboral como mecanismo para facilitar su tránsito parlamentario y lograr su aprobación con mayor volumen político. La de mayor impacto es la reducción impositiva que contiene la iniciativa y que motivó la queja de los gobernadores por tratarse de recursos coparticipables. La otra, que apunta a conciliar con la CGT, es una posible flexibilización del tramo que limita al máximo el ejercicio del derecho de huelga.

Así le confirmaron a El Destape en el equipo de negociadores que el Ejecutivo dispuso para sondear el nivel de apoyo con el que llegará la norma a su tratamiento parlamentario durante los primeros días de febrero. El resto de los puntos de la reforma, incluso aquellos más controversiales como el banco de horas, la prevalencia de las discusiones de menor grado por sobre las nacionales y el fin de emblemas del modelo laboral como la ultraactividad y la irrenunciabilidad, no aparecen sujetos a cambios según los negociadores.

Como había adelantado El Destape, la aprobación con holgura del Presupuesto 2026 envalentonó al oficialismo y en particular a Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación que convenció a Javier Milei de acudir al Congreso con la versión más radicalizada, antiobrera y antisindical de la reforma sin escuchar contrapropuestas del sindicalismo dialoguista. En ese tren luce inocuo el intento de un sector de la CGT por avanzar con una posible reescritura atenuada de los puntos más lesivos para el derecho colectivo según la organización.

Los funcionarios que colaboraron en el diseño de la reforma admitieron que el mayor obstáculo que enfrenta la iniciativa son los gobernadores. No tanto por los cambios en la normativa laboral sino, en particular, por la reducción de las alícuotas de Ganancias que pagan las sociedades en los tramos más altos de retención del gravamen. Se calcula que implicaría una resignación de recursos de casi 2 billones de pesos al año de los cuales más de la mitad recaería en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La senadora y exministra Patricia Bullrich ya había adelantado que la norma podría sufrir modificaciones antes del debate en el Congreso. De hecho fue la propia Bullrich quien hizo saber el 18 de diciembre que el arranque del tratamiento del proyecto, pensado para la semana siguiente, quedaba diferido para el 10 de febrero. Fue el mismo día en que la CGT marchó a la Plaza de Mayo aunque aquella manifestación, de convocatoria módica, fue menos gravitante que la poca predisposición de bloques no oficialistas a apurar el debate.

La central obrera se jactó en aquella oportunidad de la reculada del Ejecutivo pero poco después el triunfo del oficialismo con el Presupuesto desinfló ese entusiasmo. El triunvirato que integran Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello junto con la “mesa chica” de la central, con participación activa entre otros de Héctor Daer y Gerardo Martínez, se abocó a un trabajo de convencimiento sobre gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), entre otros, para alinear a sus legisladores.

La posibilidad de eliminar el capítulo impositivo de la reforma (que no tiene punto de contacto con la política laboral salvo la pirueta argumentativa del Gobierno en cuanto a que a menor presión impositiva las empresas tendrán más propensión a contratar) está orientada a contrarrestar esa acción y seducir a los mandatarios provinciales. El portavoz será el ministro del Interior, Diego Santilli.

El otro tópico plausible de ser atenuado, siempre según el ala dialoguista del Ejecutivo, es el que limita el derecho a huelga al ampliar el listado de servicios esenciales (obligados a mantener 75% su actividad en caso de una medida de fuerza) e incorporar los de “importancia trascendental” forzados a cumplir 50% de la prestación. Entre ambas consideraciones casi no quedan actividades libres de ir a un paro total en los parámetros que consagra la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como garantes de la libertad sindical.

Sobre este punto, un funcionario dijo que la lista podría ser revisada y que no habría problema en pasar a “importancia trascendental” actividades visibilizadas como “esenciales” en el proyecto de ley. Es decir que en lugar de obligarlas a mantener casi a pleno la actividad podrían reducirla a la mitad para protestar.

Es la tercera vez que Javier Milei intenta encorsetar el derecho de huelga. La primera fue en el DNU 70/23, declarado anticonstitucional por varios jueces laborales entre otros puntos por el límite a las medidas de fuerza, y luego mediante otro decreto de necesidad y urgencia, el 340 del año pasado, también desactivado por la Justicia del Trabajo. En todas las ocasiones se copió y pego el listado de actividades sujetas a restricciones.

El Destape reveló la semana pasada que para la CGT era un hecho, luego de aprobado el Presupuesto, que el Gobierno logrará aprobar una reforma laboral. La estrategia sobre la base de ese convencimiento es rechazar el proyecto en todos sus términos en público mientras avanza con sus diálogos con gobernadores y legisladores. Y, puertas adentro, analizar eventuales puntos de contacto sobre los cuales sugerir iniciativas reformistas propias a los funcionarios predispuestos a la negociación como el asesor Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.