El conflicto en el norte de Misiones por la regularización de tierras "Estamos decididos a defender nuestro lugar en el mundo"

Extraños "apoderados" que llegan a los tiros a "informar" a familias que las tierras donde viven tienen dueño. Un nuevo propietario que decide cerrar una calle y deja varias viviendas sin acceso al camino principal, prácticamente aisladas contra el cerro, sin que ninguna autoridad se lo impida. Un juez que cae -en persona- a una casa con la policía y, sin siquiera una citación previa, hace detener a toda una familia frente a sus niños. Y esta semana, en medio de un clima de violencia y amedrentamiento creciente, el auto de los docentes que son caras visibles de la lucha por la regularización de esas tierras, con un rol social destacado en la comunidad, incendiado frente a su casa. En Misiones, una zona del departamento de General Manuel Belgrano -al noreste de la provincia, en la frontera con Brasil- es hoy epicentro de un conflicto creciente que expone un histórico recamo de tierras en una lugar donde se expande el contrabando y la tala ilegal. 

Todo sucede además en medio de una inédita acefalía institucional: tras un largo proceso en el que se lograron títulos de propiedad para muchas familias que viven allí por generaciones -pero no para todas-, el pueblo de Dos Hermanas fue creado como tal, con un municipio a cargo. Pero aún no se designaron autoridades, de modo que sus habitantes viven en un limbo institucional que favorece el "dejar hacer" de quienes ahora se presentan como dueños de la tierra.    

 Sin papeles

"Acá están apareciendo dos o tres apoderados por semana", resume Nuria Lantos, la docente que sufrió el atentado frente a su casa, lo que se está viviendo en Dos Hermanas. "Dicen ser apoderados o tener permiso para sacar la madera, quieren desalojar a las familias. Traen papeles que no sabemos cuál es su procedencia y además atentan contra lo que nosotros consideramos un derecho, cuando se trata de tres o cuatro generaciones arriba de la tierra", relata. Y plantea el reclamo que hoy tiene a la comunidad retomando cortes en la ruta provincial 17, como aquellos que duraron 44 días en 2013 y que culminaron con un histórico proceso de expropiación y regularización de 36 mil hectáreas. 

 "El planteo es que la única posibilidad de ordenar es con la intervención del Estado provincial porque hay que, en primer lugar, asesorar a las familias, muchas de las cuales no saben cuál es la situación legal de la tierra sobre la cual está parada. Tenemos que dar una salida colectiva a esto que está pasando", advierte. 

La detención de la familia Cerpa movilizó a la comunidad. 

Una salida que comenzó a organizarse en la propia escuela que creó hace diez años y en la que es coordinadora pedagógica (el Instituto de Enseñanza Agropecuaria N° 17, que ya tiene cerca de 100 alumnos), en una reunión donde una inusitada cantidad de vecinos acudieron para descubrir que todos estaban sufriendo distintas amenazas y situaciones de violencia. Nuria cree que el incendio del auto frente a su casa y la de su pareja -también docente de la escuela-, con el tapón del bidón de combustible dejado a modo de firma, guarda directa relación con aquel encuentro.  

 El camino a las tierras

En esta tierra colorada de frontera ("cruzás esa calle y estás en Brasil", es la exacta descripción), con su intensa vegetación, son miles las hectáreas que permanecen en situación irregular, sobre todo al norte de la provincia. Algunas son tierras fiscales, muchas otras están en manos de unos pocos dueños de difícil rastreo, la mayoría, firmas madereras ya inexistentes que operaron en otro tiempo en la zona. Como la adquisición y creación de estos latifundios, décadas atrás, fue a su vez en muchos casos irregular, muchos de quienes hoy se presentan como herederos blanden papeles de opaca procedencia, a los que se suman "apoderados" de toda calaña. 

 Tras un largo proceso de organización y lucha de los vecinos, en el año 2004 se logró promulgar la ley de Arraigo y Colonización, que establecía que el Estado expropiaría a favor de los vecinos las tierras de dos grandes empresas madereras, Intercontinental y Colonizadora Misionera. Pero la ley nunca se ejecutó y en 2013 se produjo un desalojo en la zona. El conflicto derivó en un extenso acampe y corte de ruta de 44 días, tras lo cual el Estado provincial terminó implementando la ley y expropiando 36 mil hectáreas, que fueron vendidas a los pobladores a muy bajo precio, buscando respetar el modelo de agricultura familiar y desfavorecer la concentración de tierras: a mayor cantidad de hectáreas, mayor era ese precio a pagar. 

Tras el atentado a los docentes hubo dos cortes de ruta.
 
"Con algunas fallas, fue una experiencia muy positiva. El tema es que quedó todo otro pedazo de tierra sin expropiar, que no era de los mismos dueños. Si en esos años ya estaba poblado, con el tiempo se pobló muchísimo más toda esta zona", recuerda Lantos. "Hoy estamos pidiendo poder hacer una experiencia similar, pero sin la necesidad de pasar por 40 días de corte de ruta: evitar el conflicto y evitar la escalada de violencia", resume.

"Sabemos que es un trabajo enorme, hay que hacer censos, relevamientos, mapas, marcar caminos. Tiene que venir alguien con idoneidad y voluntad política, las dos cosas juntas", advierte.

En diálogo con Página/12, el subsecretario de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de la Provincia, Daniel Behler, reconoce que es un trabajo pendiente y asegura que hay voluntad del gobierno por encararlo, al tiempo que marca el costo económico para la provincia como el límite claro para avanzar en un proceso como el que se dio años atrás. "La resolución es compleja y Dos Hermanas no es el único lugar de la provincia que atraviesa esta situación. Esas empresas que se disolvieron cuando dejaron de explotar la madera, dejaron títulos de propiedad como indemnización a los gerentes, que hoy son los dueños de esos títulos. Algunos pagaron impuestos, otros no, hay situaciones diversas y además hay que rastrear esos dominios, uno por uno. Entendemos que hay un conflicto entre la titulariedad dominial y el concepto social, gente que lleva 15 ó 20 años en ese lugar. Pero este es un momento de gran ahogo económico para la provincia", marca. 

El funcionario asegura que está al tanto de los hechos de violencia en la zona, aunque califica algunos como "conflictos vecinales". "Me he comprometido a tener una reunión la semana que viene en Dos Hermanas para ver en qué podemos avanzar. En los casos en que sean tierras fiscales, podremos avanzar sin problemas", dice y asegura que "esta provincia tiene una amplia mirada social y no hace desalojos compulsivos". 

Los ataques
 
"Yo nací y me crié en Dos Hermanas, conozco a todos los vecinos, como también los conocía mi viejo cuando era joven. Somos gente de trabajo, la gente tiene su chacrita y vive de eso. Ahora aparecen los que se dicen ser dueños con títulos, pero los que vivimos y trabajamos cuidando la madera, lo que hay en la tierra, somos nosotros. Y estamos decididos a defender nuestro lugar en el mundo", enfatiza la presidenta del Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen (la población vecina de la que, hasta tanto se dote de autoridades a la municipalidad, dependen ahora), Carmen Borges Da Silva. "Yo tengo título de mi terreno, soy agradecida a dios que ya tengo la mensura y mis viejos también. Pero muchísimos vecinos todavía viven en esas irregularidades, y no es justo que quieran sacarlos ahora de su lugar de toda la vida", reclama.

 ¿Qué tipo de ataques son los que se están sufriendo en Dos Hermanas vinculados al tema tierras? Los pobladores describen escenas de matones enviados a las chacras, en ocasiones incluso armados. Borges Da Silva vuelve sobre un caso que movilizó a la zona, la detención de la familia Cerpa. "Fue una locura. Una familia muy humilde, trabajadores, no tienen letra (son analfabetos). Venía un maderero constantemente a querer sacar la madera y la familia le echaba. Y entonces el maderero vino con denuncias de amenazas y el juez, personalmente, vino en compañía del operativo policial. Los vecinos se quisieron resistir, tenían armas como se tiene a veces en el campo, y se los llevaron, los tuvieron ocho días presos".

 "Se llevaron a los cinco Cerpa frente a los chicos, una pesadilla. Acá los vecinos se movilizaron mucho con el caso, pero también quedó mucho miedo, y yo creo que era eso lo que se buscaba", interpreta. El Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen emitió entonces un comunicado en el que manifestó su acompañamiento a la familia afectada y expresó "nuestro más enérgico repudio al accionar del juez de Instrucción Penal Dr. Belda Palomar, que vulneró derechos adquiridos, sorprendió a las familias y afectó a niños, mujeres y productores de nuestra ciudad”.

 La denuncia llegó a la fiesta provincial de la semilla, en la vecina Pozo Azul.

Fabián Ribeiro es profesor de taller complementario de animales en la escuela agrotécnica; los chicos de sexto año usaban su chacra, como las de otros pobladores, para hacer sus prácticas. Pero a la suya ya no podrán ir más: un hombre compró otra chacra vecina, y después otra, y simplemente cerró el camino que usaban -que no es un camino oficial, como nada en un municipio que no termina de arrancar, pero sí el que más usan los vecinos-. "Este hombre, Joel Sheifer, nos obliga a todos los que vivimos ahí a dar una vuelta por un camino que está malo, por el cerro. Es feo, los chicos no pueden ir. Puso portón con candado, plantó postes, hizo canaletas, bebedero para vacas. Todo en la parte que es de todos, y puede hacerlo porque tiene plata y poder político", denuncia. Riveiro radicó una denuncia por este tema hace rato, pero "nadie hace nada", lamenta. Es el mismo juzgado que actuó rápida y personalmente en la denuncia por amenazas contra los Cerpa. 

Poner un freno

"Acá pueden pasar muchas cosas, pero no se puede seguir pateando la pelota para adelante porque entendemos que hasta que esto no se resuelva, lo que nos pasó a nosotros le puede pasar a cualquiera, y va a ser cada vez peor", pide Lantos. "Nuestra lectura es que al haber hecho esa reunión donde se habló del pedido de regularización de tierras, y haber tenido tanta repercusión, porque se juntaron muchísimas firmas para el petitorio, estas personas que están acostumbradas a hacer negocios se preocuparon. Si se regulariza, se les termina la joda", cree.

Un segundo corte de ruta fue acompañado en la semana por organizaciones sociales y políticas, se sumó una olla popular y un comunicado con cantidad de firmas. En Dos Hermanas, los ataques crecientes parecen haber despertado una nueva etapa en la lucha por la tierra.