Info Misiones
El director de Producción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), Roberto Ferreyra, criticó la iniciativa del Gobierno nacional de trasladar la fiscalización del sector al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Ferreyra advirtió que esta medida afectará negativamente a los productores y cosechadores de Misiones. "Es una demostración más del fracaso de la política del gobierno libertario en relación al sector productivo", expresó.
El funcionario destacó que el precio actual que reciben los productores por la hoja verde es insuficiente, con una diferencia de 400 pesos por kilo respecto al valor que debería alcanzarse. "Se están perdiendo al menos 300 mil millones anuales, ya que el precio debería ser de 700 pesos el kilo y actualmente se paga menos de 300", afirmó.
Ferreyra también cuestionó que en lugar de resolver los problemas permanentes del sector, el Gobierno se enfoque en modificar las funciones del Inym. "Esto profundizará la explotación de 15 mil familias de productores misioneros", indicó.
Durante la reunión, el director preguntó si el Senasa asumiría los controles en góndola, pero la respuesta fue que esa tarea recaería en la provincia. Ferreyra subrayó que las medidas del Gobierno no han dado respuesta a las necesidades del sector.
El subsecretario de Asuntos Yerbateros de Misiones, Ricardo Maciel, respaldó estas críticas y cuestionó las prioridades del Gobierno nacional. "Esperaba una agenda de trabajo más enfocada en cómo se corregirá la situación del precio de la materia prima para los productores", dijo.
Maciel señaló que la propuesta de trasladar funciones al Senasa es prioritaria, incluso mientras los precios de la materia prima siguen sin ser atendidos. "Esto representa un desguace total del organismo", advirtió. Los representantes nacionales respondieron que el precio de la materia prima no forma parte de su agenda.
A partir de este debate, el Directorio del Inym debe evaluar estas propuestas y definir si se incorporan en las discusiones que comenzarán la próxima semana. Así, emergen dos posturas: mientras el Gobierno propone cambios en la fiscalización, los representantes misioneros insisten en que también se debe abordar la crisis en los precios y el bienestar de las familias productoras.
