Análisis de la Ley de Emergencia para la Producción Yerbatera

El miércoles se iniciará el análisis legislativo del proyecto de Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera
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Este miércoles se iniciará el análisis legislativo del proyecto de “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera”, apoyado por productores y el Gobierno provincial. La iniciativa busca proteger la producción ante la crisis provocada por la desregulación a nivel nacional.

Presentada por la diputada Arabela Soler, la propuesta tomó estado parlamentario la semana pasada y se discutirá en la comisión de Desarrollo Forestal, Agropecuario y de Cooperativas. Se espera una rápida resolución dado su impacto socioeconómico en Misiones.

Apoyo de bloques legislativos

El proyecto ya cuenta con el respaldo de tres bloques: el Partido Agrario y Social, representado por el diputado Cristian Castro; Encuentro Misionero, con Sebastián Macías, y Movimiento por lo que Viene, que incluye a Juan Ahumada, Alejandro Arnhold, Rudi Samuel Bundziak, Waldovino Lemes, Roque Soboczinski y Arabela Soler. Movimiento por lo que Viene, la fuerza mayoritaria con 17 bancas, aún no ha definido su posición oficial sobre otros partidos, como la Unión Cívica Radical y PRO.

Impacto de la desregulación

La producción de yerba mate enfrenta una crisis severa desde la implementación del DNU 70/23, que despojó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) de la capacidad de fijar precios. Actualmente, el valor de la hoja verde oscila entre 210 y 285 pesos por kilo, aproximadamente la mitad del costo de producción, que se paga principalmente con cheques a largo plazo. Esta situación afecta tanto la economía rural como la urbana en todos los municipios de la provincia.

Detalles del proyecto de ley

La propuesta establece declarar el estado de emergencia en la producción primaria yerbatera por un año, argumentando que la pérdida de facultades del INYM ha generado un vacío regulatorio que perjudica a los pequeños productores. Se prevé implementar un precio mínimo obligatorio para la hoja verde y proteger a aquellos que posean hasta 50 hectáreas de yerba mate.

Además, la normativa incluye sanciones, apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones temporales para quienes compren hoja verde por debajo del precio establecido o evadan el régimen mediante operaciones simuladas.

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