El nuevo Régimen Penal Juvenil de Milei, en jaque: la Justicia bonaerense lo suspendió por 60 días

La Justicia bonaerense suspendió de forma preventiva y por un plazo de 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) en el territorio de la provincia de Buenos Aires. La medida fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.

La resolución de la magistrada hace lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.

Asimismo, puso el foco en la capacidad de la provincia de Buenos Aires para afrontar el nuevo esquema, ante la posibilidad de que aumente la cantidad de jóvenes detenidos y el tiempo que permanezcan privados de su libertad.

En esa línea, Pascual afirmó que el Estado bonaerense no cuenta con la infraestructura y los recursos materiales necesarios para sumar a más jóvenes al sistema penal provincial. Advirtió que con la modificación legal, el número de jóvenes en conflicto con la ley va a aumentar, ya sea por los nuevos ingresos como por aquellos casos en los que el tiempo de privación de la libertad se incremente.

Ante la posibilidad de este nuevo escenario, la jueza cuestionó que el territorio bonaerense disponga de las condiciones edilicias, institucionales y profesionales requeridas y sostuvo que el Poder Judicial tiene la obligación de actuar en forma anticipada si existen elementos que hagan pensar que ocurrirá una vulneración de derechos fundamentales, basándose en el principio precautorio.

Por ese motivo, hizo lugar a la medida cautelar y ordenó suspender preventivamente la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires durante 60 días.

También se fijó una audiencia

Además, el fallo fijó una audiencia para el próximo 16 de septiembre a las 10, en la sala de juicios orales del tribunal. Allí deberán presentarse responsables de las principales áreas del Poder Ejecutivo provincial vinculadas con la implementación del régimen y explicar qué medidas fueron adoptadas, cuáles están previstas y cuáles son los plazos para concretarlas.

La resolución también ordenó al Ministerio de Seguridad bonaerense, al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial que adopten las medidas necesarias para hacer efectiva la suspensión.

La decisión fue fundada, entre otras normas, en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Observación General N° 24 del Comité de los Derechos del Niño y las Reglas de La Habana y de Beijing.

El fallo se conoció este lunes, apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que incorpora al sistema penal a los adolescentes de 14 y 15 años, y modifica las condiciones para la aplicación de las penas al bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

Esa modificación implica que los adolescentes de entre 14 y 16 años pueden quedar sujetos a procesos judiciales por ciertos delitos contemplados en el Código Penal.