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La reciente denuncia de la diputada Marcela Pagano ha reavivado el debate sobre la presunta manipulación de fondos públicos en el gobierno de Javier Milei. La legisladora, del bloque Coherencia, sostiene que el oficialismo ha empleado recursos destinados a obras viales para asegurar apoyos legislativos, lo que califica como una "maniobra ilegal, inmoral e ilegítima".
Según la denuncia, los desembolsos del Ministerio de Economía a gobernadores "aliados" aumentaron entre un 350% y 400% en días de votaciones clave. Pagano detalla que entre los primeros meses del gobierno de Milei y el presente, el Ministerio giró 68.042 millones de pesos en fechas estratégicas a provincias que facilitaron la aprobación de leyes, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia en el uso de estos fondos.
Particularmente, el Sistema Vial Integrado (SisVial), creado para financiar el mantenimiento y reparación de rutas, ha sido señalado como uno de los mecanismos utilizados. En sus primeros seis meses, este fondo estuvo inactivo y comenzó a desembolsar dinero justo antes de votaciones cruciales. Pagano analizó 38 fechas de votación y encontró que las provincias cuyos legisladores votaron a favor del oficialismo recibieron la mayor parte de los fondos.
La denuncia, que ha llegado a manos del juez Julián Ercolini y del fiscal Franco Picardi, apunta a posibles implicaciones de varias entidades gubernamentales, incluida la administración de Luis Caputo, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Secretaría de Transporte. Pagano sugiere que los fondos, que deberían usarse exclusivamente para el mantenimiento vial, han sido desviados para otras finalidades desconocidas.
Agregando más peso a las acusaciones, la diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) también presentó un reclamo penal, revelando que 1.038 billones de pesos del SisVial no se destinaron a obras viales sino a inversiones financieras, lo que representa una subejecución del 73,8%.
Pagano, en redes sociales, expuso un esquema de financiación vinculado a votaciones clave, donde las provincias beneficiadas suelen ser aquellas cuyos legisladores apoyan incondicionalmente al gobierno. De esta manera, señala, se muestra un patrón en la "extorsión" política donde el apoyo legislativo sería recompensado con desembolsos de dinero.
Caso a caso
En un posteo en la red X, Pagano fue directo al corazón de su planteo: “Voy a contarles por qué el Gobierno pudo sacar leyes de manera exprés: los aliados recibieron plata a cambio. Cada voto se pagó a gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima…” Entonces explica que Milei “manoteó” (sic) “el dinero de la caja que surge del impuesto al combustible”. “Por ley, esos fondos solo pueden usarse para hacer rutas. ¿Qué hizo Milei? Los repartió a los que votaban leyes usando como cajero el Banco Nación. El que aprieta el botón de pago es Luis Caputo…”. Luego explica que los días de votación se liberan entre 3,4 y 4 veces más pagos que el resto del mes. “Presionan hasta el último momento a los gobernadores y después de la votación les liberan los fondos…”, ilustra.
Luego publica una suerte de lista de precios del dinero que se liberó del SisVial en cada votación clave. Reforma laboral: $17.139 millones; Ley de Glaciares: $12.551 millones; Ley Hojarasca y zonas frías: $14.096 millones; En tres votaciones fueron 33.786 millones, que es el 52,7% de todo lo pagado en cinco meses de este año.
También detalla desembolsos del período 2024-2025. Ley bases: $11.275 millones; DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: $6.596 millones; Ficha limpia: $7.895 millones (para hacer caer la votación); vetos por ley de aumento de las jubilaciones y emergencia en discapacidad: $20.983 millones.
La diputada describe un mecanismo “extorsivo” al que considera que cedieron principalmente cinco gobernadores que en todas las votaciones, a través de sus diputados y senadores, acompañaron al Gobierno. Jujuy recibió, señala, 11.987 millones de pesos a través de la empresa encargada de la ruta 34, de los cuales 97,5% cobró en días de votaciones; Tucumán obtuvo 2.322 a través de su dirección de vialidad en contextos de tres debates; Misiones, vía la UTE que maneja la ruta 105, obtuvo $13.493 millones, Santa Cruz en un único pago obtuvo $2.104 millones y Salta $1.787 millones para su área de vialidad en torno a una votación. Santiago del Estero se llevó una cantidad considerable.
Si se tiene en cuenta como “ventana” un período de tres días (víspera, el día de la sesión y el posterior), de los $210.983 millones que cobraron 13 provincias, $68.042 millones se distribuyeron en ese lapso. Si se amplía ese tramo a tres días más o menos, el monto asciende a $94.929 millones, que es el 45% de todo lo pagado en 38 fechas de votación en 29 meses.
Otros ejemplos conocidos e ilustrativos que trae la denuncia: Las provincias que más obtuvieron este año del fideicomiso para rutas, Misiones y Jujuy, son aquellas cuyos legisladores hicieron caer Ficha Limpia en el Senado, acompañaron la sanción de la Reforma Laboral en Diputados y cuya voluntad del oficialismo buscaba asegurar para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Misiones y Jujuy, además, reciben fondos desproporcionados en comparación con la magnitud de la red vial de provincias desfavorecidas que los necesitan, como al de Buenos Aires o Santa Fe.
Al cuestionar la legalidad de este procedimiento, Pagano enfatiza que el SisVial se financia con impuestos de combustibles y su uso está legalmente limitado a obras viales. Instó a revisar con urgencia el manejo de estos fondos, considerando la posibilidad de malversación y otros delitos asociados.
La situación está lejos de resolverse. Pagano se prepara para presentar una ampliación de su denuncia, con evidencias más concretas sobre los posibles delitos cometidos por el gobierno en la gestión de recursos públicos.
