Vecinos de Colonia Victoria denuncian contaminación ambiental por parte de industrias locales

La situación que atraviesan vecinos de Colonia Victoria obliga a formular preguntas que hasta ahora no encuentran respuestas claras.

Ya no alcanza solamente con preguntarse qué ocurre dentro de la fábrica instalada en el predio del ex secadero de yerba mate.

Hay una cuestión anterior y mucho más profunda:

¿Quién autorizó su funcionamiento en ese lugar y bajo qué condiciones?

Porque no estamos hablando de un establecimiento ubicado en una zona industrial alejada de la población.

Estamos hablando de una actividad instalada en pleno casco urbano de Colonia Victoria, sobre la Avenida San Martín, una de las principales arterias de la localidad, y a escasos metros de viviendas familiares y barrios poblados.

Ese dato cambia por completo la dimensión del problema.

EL EMPLEO NO ESTÁ EN DISCUSIÓN. EL CONTROL, SÍ.

Debe quedar absolutamente claro: la generación de puestos de trabajo es necesaria y debe ser acompañada.

En momentos económicos difíciles, que una empresa invierta, produzca y genere empleo constituye una noticia positiva para cualquier comunidad.

Pero desarrollo económico y protección de la población no son conceptos incompatibles.

Una comunidad no debería tener que elegir entre trabajo y ambiente.

Entre producción y salud.

Entre una empresa funcionando y vecinos pudiendo abrir las ventanas de sus casas.

El verdadero interrogante es otro: ¿se realizaron todos los controles necesarios antes de permitir que una actividad de estas características comenzara a funcionar en semejante ubicación?

UNA FÁBRICA EN MEDIO DE LA CIUDAD

La ubicación no constituye un detalle menor.

La planta funciona dentro del ejido urbano consolidado, sobre la avenida principal y rodeada por sectores residenciales.

Por eso resulta indispensable conocer qué evaluaciones se realizaron previamente.

¿Se analizó la compatibilidad de la actividad con el lugar elegido?

¿Se evaluó la proximidad con viviendas?

¿Se determinaron las medidas necesarias para evitar la dispersión de polvo, aserrín y partículas?

¿Se establecieron sistemas de captación, filtrado, cerramiento o mitigación?

¿Se realizaron inspecciones antes de comenzar las actividades?

¿Y quién verifica actualmente que esas medidas, si fueron exigidas, efectivamente se cumplan?

Son preguntas elementales frente a las denuncias que comenzaron a hacer públicas los vecinos.

AUTORIZAR TAMBIÉN SIGNIFICA CONTROLAR

Toda habilitación debe llevar consigo una responsabilidad.

No debería ser suficiente otorgar un permiso, habilitar una actividad o permitir su funcionamiento.

Cuando una actividad productiva puede generar efectos sobre terceros, los organismos competentes tienen la responsabilidad de inspeccionar, verificar y exigir el cumplimiento permanente de las condiciones bajo las cuales fue autorizada.

Y cuando aparecen reclamos vecinales, esa obligación se vuelve todavía más evidente.

Por eso hoy Colonia Victoria necesita saber qué organismos intervinieron.¿

Qué documentación analizaron

Qué estudios fueron requeridos

Qué inspecciones se realizaron

Qué condiciones fueron impuestas

Y, fundamentalmente, ¿qué controles se están realizando ahora.

Porque las autorizaciones administrativas no pueden convertirse en simples papeles archivados mientras afuera los vecinos denuncian consecuencias concretas sobre su vida cotidiana.

¿QUIÉN DEBIÓ VER ESTO ANTES?

Esta es quizás la pregunta más incómoda.

Una fábrica no aparece de un día para otro.

Para instalarse, habilitarse y comenzar a producir existen procedimientos, autoridades y organismos con competencias específicas.

Por eso, ante una actividad de estas características funcionando en pleno casco urbano, resulta razonable preguntar:

¿Nadie advirtió su ubicación?

¿Nadie evaluó la cercanía de las viviendas?

¿Nadie consideró qué podía ocurrir con el material particulado generado durante la actividad?

¿Nadie estableció medidas preventivas suficientes?

Y si todas esas cuestiones fueron evaluadas y autorizadas, entonces corresponde algo todavía más sencillo:

Que se exhiban los informes, habilitaciones, inspecciones y estudios que respaldaron esas decisiones.

La transparencia también forma parte del control público.

LOS VECINOS NO DEBERÍAN CONVERTIRSE EN INSPECTORES

Hay algo que no puede naturalizarse.

No deberían ser los vecinos quienes tengan que fotografiar sus patios, mostrar el polvo acumulado en sus viviendas o recurrir a los medios de comunicación para lograr que alguien compruebe lo que ocurre.

Para eso existen organismos de control.

El Estado debe llegar antes que el problema.

Y cuando no pueda evitarlo, debe actuar inmediatamente después de conocerlo.

No alcanza con reaccionar cuando la situación toma estado público.

Controlar significa prevenir.

Inspeccionar.

Medir.

Documentar.

Exigir correcciones.

Y, cuando corresponda, establecer responsabilidades.

NO SE TRATA DE CERRAR. SE TRATA DE HACER LAS COSAS BIEN.

Plantear controles rigurosos no significa estar en contra de una empresa.

Tampoco significa desconocer el valor de cada puesto de trabajo generado.

Precisamente porque Colonia Victoria necesita inversiones y empleo, necesita también reglas claras.

Las empresas necesitan seguridad jurídica.

Los trabajadores necesitan conservar sus fuentes laborales.

Y los vecinos necesitan tener la certeza de que ninguna actividad productiva pondrá en riesgo su calidad de vida.

Es perfectamente posible producir, generar empleo y proteger a la comunidad.

Pero para conseguirlo existe una condición indispensable:

EL ESTADO TIENE QUE CONTROLAR.

AHORA LAS RESPUESTAS DEBEN SER PÚBLICAS

La situación ya tomó estado público.

Los vecinos hablaron.

Las imágenes comenzaron a circular.

Los reclamos llegaron a los medios.

Ahora corresponde que hablen quienes tienen la responsabilidad institucional de controlar.

Colonia Victoria necesita conocer quién autorizó el funcionamiento de este emprendimiento, qué organismos intervinieron, bajo qué condiciones fue habilitado, qué inspecciones se realizaron y cuáles fueron sus resultados.

Y si existen organismos provinciales o municipales con competencia sobre habilitación, ambiente, seguridad, higiene o actividad industrial, también deberán explicar cuál fue y cuál está siendo su intervención.

Porque cuando una fábrica funciona en pleno casco urbano, sobre una de las principales avenidas de Colonia Victoria y rodeada de familias, el control estatal no puede ser opcional.

Debe ser permanente.

Debe ser técnico.

Debe ser transparente.

Y, sobre todo, debe ser efectivo.

La discusión no es empresa sí o empresa no.

La discusión es si quienes tenían la obligación de autorizar, prevenir, inspeccionar y controlar hicieron —y están haciendo— correctamente su trabajo.

Esa es la respuesta que hoy merece conocer Colonia Victoria.