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La caída de la inflación no necesariamente traerá alivio para los jubilados. Un informe privado advirtió que el bono previsional no solo perdió poder de compra (casi la mitad de su capacidad adquisitiva) sino que la recuperación de las jubilaciones parece haber encontrado un techo.
Lejos de recomponer lo perdido durante los últimos años, el sistema tendería a estabilizarse en niveles considerablemente más bajos que los existentes antes de la crisis: el refuerzo compensatorio acumularía una pérdida de 58% de su poder de compra hacia abril de 2027, señaló un informe de la UCA. En ese contexto, la licuación progresiva del bono deja de ser una medida transitoria y pasa a formar parte de una nueva “normalidad” para quienes cobran la mínima.
El congelamiento del bono que cobran jubiladas y jubilados desde que asumió Javier Milei, comenzó a transformarse en una de las principales herramientas de ajuste sobre los haberes más bajos. Aunque el Gobierno exhibe como logro la actualización mensual por inflación, el refuerzo de $70.000 que cobran quienes perciben la mínima permanece sin cambios desde marzo de 2024 y perdió casi la mitad de su poder de compra.
Según un informe presentado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), el bono acumuló una pérdida real (es decir, considerando el efecto inflacionario) del 49,0% desde la implementación de la nueva fórmula jubilatoria. Según estimaron los especialistas, si hubiera acompañado la inflación, debería más que duplicar su valor actual (tendría que ubicarse en $155.000 y la jubilación mínima total debería ya superar los $535.000). De esta manera, “la jubilación mínima con este refuerzo tiende a la baja y la compensación se vuelve cada vez menos efectiva frente al aumento de los precios”, indicaron.
Las consecuencias se sienten de lleno en el bolsillo de los jubilados. Solo en el último año la jubilación mínima ($380.000) sumado al bono ($70.000) retrocedió 4,4% en términos reales. Así, el deterioro ya no proviene únicamente de la evolución de los haberes, sino también de la progresiva licuación del complemento que debería sostener los ingresos más bajos del sistema previsional. En detalle, su valor actual representó un 74,0% del promedio anual de 2018, último año sin bonos. Lo anterior evidenció que el ajuste ya no pasa por recortar haberes, sino por dejar que el bono se vuelva cada vez más irrelevante.
irrelevante.
En concreto, cuando el oficialismo nacional implementó la nueva fórmula de movilidad en abril de 2024, el bono representaba cerca del 29,0% del ingreso total de un jubilado que percibía la mínima. Un año después esa participación había caído al 20,0% y, para abril de 2026, se redujo al 16,0%, según los cálculos de la UCA. En otras palabras, el complemento que durante años funcionó como un refuerzo clave para los haberes más bajos ocupa cada vez un menor lugar en el ingreso previsional.
La tendencia revela un cambio significativo en la forma de administrar el gasto previsional. A diferencia de otras etapas, en las que los ajustes se materializaban mediante modificaciones en la fórmula o aumentos por debajo de la inflación, el mecanismo actual opera a través del congelamiento de una parte cada vez más pequeña del ingreso total. Es decir que el bono no desaparece, pero pierde relevancia mes tras mes y la mejora que aporta la actualización por inflación queda parcialmente neutralizada por el deterioro del bono compensatorio.
En este escenario, sin embargo, el dato más relevante del informe al que accedió este medio se vincula con lo que podría ocurrir en los próximos años. Según las proyecciones de los economistas del ODSA, aun con una desaceleración de la inflación, la fórmula actual estabilizaría el haber en niveles inferiores a ocho años atrás.
Sobre ello, considerando las estimaciones de inflación del Banco Central (REM- BCRA) para el próximo año, la jubilación mínima sin bono apenas mejoraría 3,5% real, en tanto que la jubilación con bono permanecería prácticamente estancada y el bono acumularía, para abril de 2027, una pérdida de 58,0% de su valor real, respecto del momento en que comenzó a aplicarse la nueva fórmula de movilidad.
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Los resultados del documento resultan de importancia en la medida en que ponen en cuestión el efecto concreto del proceso de desinflación. Si bien una desaceleración de precios puede contribuir a frenar el deterioro de los ingresos previsionales, no necesariamente implicaría una recuperación de lo perdido durante los últimos años. Por el contrario, la proyección sugiere que el sistema tendería a estabilizarse en niveles considerablemente más bajos que los registrados antes de la crisis. De hecho, aun en ese escenario, el valor real de la jubilación mínima encontraría un techo cercano al 66% del promedio observado en 2018. En otras palabras, la baja de la inflación podría detener la caída, pero no revertirla.
En definitiva, bajo este esquema, la licuación progresiva del bono deja de ser una medida transitoria para convertirse en parte de una nueva “normalidad” previsional: haberes estructuralmente más bajos que los que percibían los jubilados antes del fuerte deterioro que atraviesa el sistema.
