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Pobres los colonos misioneros, unos 12 mil, que cultivan la yerba mate. Muchos de ellos se ilusionaron hace unos días atrás, cuando el gobierno nacional cubrió finalmente el cargo vacante de presidente del INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) con que finalmente ese organismo creado por ley iba a recuperar sus funciones fijadas por ley, poniendo así un límite a la caída en picada de los precios de la hoja verde, que se registra desde la llegada al poder de Javier Milei.
No sucedió. Por el contrario, el nuevo presidente del INYM, un contador llamado Rodrigo Correa, ya dio sobradas muestras que su designación en el organismo nacional viene a consolidar el fuerte proceso de desregulación de la actividad yerbatera, totalmente a contramano de lo que postula la Ley de 2002 que le dio origen a ese organismo mixto (conformado por Nación, provincias y representantes de todos los eslabones del negocio), que era actuar de árbitro en defensa de los intereses de los colonos.
Luego de dos años de acefalía que prácticamente paralizaron la actividad del Instituto con sede central en Posadas, en su primera reunión con Correa como presidente el INYM dictaminó la eliminación de una serie de normativas claves que hacen a la competitividad y transparencia de esa cadena productiva. Por ejemplo, eliminó la norma que imponía un contenido máximo de palo y polvo en los paquetes de yerba, de modo de resguardar la calidad del producto. O derogó la prohibición de cosecha en los meses de octubre y noviembre, que estaban destinada a preservar la salud de los yerbales.
Sin exigencias por controlar, entonces, la nueva decisión del flamante presidente parece ser desprenderse de quienes ejercían esos controles. En rigor, este martes y en coincidencia con el fin de año, se conocieron al menos 20 despidos de la planta del INYM, básicamente en el sector de ´Fiscalización , aunque también con algún caso en el sector de Registro e incluso en Prensa.
La ola de despidos supone a más del 5% del personal que trabajaba en el Instituto, cuya planta hasta aquí era de unos 180 empleados.
Los colonos que se ilusionaron con la llegada de Correa ya pueden ir perdiendo las esperanzas: si se desmonta el área de Fiscalizaciones es evidente que la intención oficial es dejar de ejercer controles sobre los molinos y secaderos de yerba, y por lo tanto no habrá juez donde denunciar abusos y situaciones de competencia desleal.
