Con ayuda de Rovira, Torres y De Loredo, el gobierno consiguió que la ley para limitar los DNU vuelva al Senado

La Cámara de Diputados aprobó en general la ley que limita el uso de los DNU pero perdió en la votación en particular para el artículo 3, por la abstención de los misioneros, los chubutenses y la UCR. Esa maniobra derivó en el retorno del proyecto al Senado para analizar los cambios, pese a la mayoría holgada de 140 votos a favor contra 80 por la negativa y 17 abstenciones que había logrado la oposición.

Antes de proceder a la votación, Rodrigo De Loredo le avisó a Martín Menem que los 14 integrantes de la UCR se abstendrían, postura a la que también suscribieron Ana Clara Romero y Jorge "Loma" Ávila, los chubutenses que responden al gobernador Ignacio Torres, y los cuatro misioneros de Carlos Rovira. 

Con eso, Javier Milei ganó tiempo, merced a la excusa de los legisladores que se oponían a que un DNU caducara si no lo respaldaban ambas cámaras antes que se cumplieran 90 días desde su publicación en Boletín Oficial.

Durante el debate, la massista Mónica Litza negó que la ley fuera "para quitarle las facultades al presidente (Javier) Milei como estuvieron diciendo para victimizarse", y recordó que el gobierno "tuvo demasiada ayuda". "Dadores voluntarios de gobernabilidad no les faltaron", dijo en referencia a los bloques que se compadecieron de la minoría parlamentaria del oficialismo.

Además, la diputada de UP repuso los argumentos que desplegó en la discusión en comisiones, cuando mencionó que Cristina Kirchner impulsó la ley 26122 casi 12 años después de la reforma constitucional de 1994, pero la ex presidenta "fue quien menos uso hizo de los DNU".

Miguel Pichetto, por su parte, recordó la situación política del momento histórico en que se sancionó la norma, en 2006. "Había ocurrido recientemente el 2001 y había que darle instrumentos de gobernabilidad a un gobierno que había surgido del 22% de los votos de la primera vuelta. Así que hay que analizar el contexto, los tiempos y la mirada histórica", expresó.

El rionegrino señaló que el proyecto de limitación de la herramienta "es un elemento necesario e imprescindible en la resolución de la crisis económica que vive la Argentina". "Este modelo de DNU está agotado, es imprescindible volver a recuperar el marco de debate institucional en el Congreso y salir del conflicto institucional, que nos lleva a aumentar el caos", sostuvo.

El dictamen de rechazo fue defendido por la aliada tucumana Paula Omodeo, que acusó a sus adversarios de promover "agenda de desestabilización", y el santafecino Nicolás Mayoraz, que responsabilizó al kirchnerismo de "generar la mayor inseguridad jurídica". "No pueden a través de una ley modificar el diseño constitucional, porque cuando se le da atribuciones al Congreso para legislar sobre los decretos de necesidad y urgencia, de ningún modo implica eso que el Congreso pueda erigirse en constituyente", indicó el libertario.

Pero, además, se quejó porque la oposición "está instalando el gobierno del Congreso, una suerte de democracia parlamentaria, donde ya no va a ser el Ejecutivo el que tome las decisiones".

No pueden a través de una ley modificar el diseño constitucional, porque cuando se le da atribuciones al Congreso para legislar sobre los decretos de necesidad y urgencia, de ningún modo implica eso que el Congreso pueda erigirse en constituyente.

El lilito Juan Manuel López, que había presentado un dictamen de minoría, cargó contra el peronismo y los libertarios por igual. "Este presidente corrió una línea del DNU 70/2023", postuló, pero agregó que "Juan Grabois dijo que Axel Kicillof, si es presidente, tiene derecho a su DNU 70".

La posición de la Coalición Cívica sería clave si Milei veta la ley. Su disidencia podría funcionar como una cabecera de playa para retener voluntades de diputados más permeables a la voluntad de la Casa Rosada, en caso que la Cámara Baja tenga oportunidad de insistir.

La ley aprobada en general establecía cuatro puntos nodales. Primero, restringe la materia sobre la que rigen los DNU a una sola y, en segundo término, habilita a las dos cámaras a tratar decretos durante el receso parlamentario.

Este modelo de DNU está agotado, es imprescindible volver a recuperar el marco de debate institucional en el Congreso y salir del conflicto institucional, que nos lleva a aumentar el caos.

El tercer aspecto era, tal vez, el más amenazante para la administración de LLA: para que un decreto se considere aprobado, a partir de ahora, se exigiría que reciba aprobación del Senado y Diputados, dentro del plazo de 90 días desde su publicación por Boletín Oficial. Así, se eliminaría la sanción tácita pero eso fue, precisamente, lo que resistieron la tropa de Rodrigo De Loredo, Torres y Rovira. 

Por último, basta el rechazo de una sola de las dos cámaras para que el decreto quede derogado.