Con un INYM desfigurado, diputados misioneros presentaron un proyecto para crear un nuevo ente regulador de la cadena yerbatera, capaz de fijar precios de la materia prima

Frente a un Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) vaciado en sus funciones regulatorias, como consecuencia de la desregulación impulsada desde el gobierno nacional, diputados provinciales de Misiones presentaron un proyecto para crear un nuevo ente capaz de organizar esa cadena regional.

Se trata del Centro de Misionero de Acopio, Comercialización y Promoción de la Yerba Mate (Cemacop), que tendrá entre sus funciones principales la de fijar un precio mínimo obligatorio para la hoja verde y la yerba canchada, con actualizaciones automáticas en caso de no haber consenso político. 
 
El proyecto, presentado por legisladores del Partido Agrario y Social (PAyS), define que este nuevo ente tendrá sede en Posadas y será autárquico. Destaca, además, la aplicación de ajustes trimestrales o bimensuales en base al IPC, y a las variaciones en los precios del gasoil, los insumos y el tipo de cambio.

También buscará garantizar el pago directo al productor, evitando intermediarios; suspender la implantación de nuevos yerbales, salvo excepciones técnicas; crear un sistema de cupos con límites anuales según superficie, rendimiento y cumplimiento ambiental; otorgar un sello diferencial para productos elaborador íntegramente en esa provincia; y aplicar un régimen de sanciones en caso de incumplimientos.

“EI Centro de Acopio tiene que ser una herramienta concreta para que el productor reciba un precio justo, que se actualice con la inflación y cubra lo que cuesta producir”, explicó el diputado Cristian Castro, uno de los autores de la iniciativa.

Por su parte Blanca Alves, co-autora del proyecto, dijo: “No podemos seguir esperando. Hay chacras fundidas. Acá no se trata de banderas políticas, sino de salvar una actividad que sostiene a miles de familias”.

En este sentido, desde PAyS pidieron al oficialismo misionero acompañar la propuesta, con “coraje político y sensibilidad social”, asegurando que está ley es la “única salida real” que tienen los productores.

Desde el sector yerbatero insisten en que el INYM está en “plena vigencia jurídica” y acusan al Gobierno de Milei por incurrir en “desobediencia judicial” para favorecer al sector industrial concentrado