Milei disolvió fondos de subsidios a las garrafas: qué pasa con el Programa Hogar

El Gobierno disolvió el " Fideicomiso Individual PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras" (PPP RARS) y el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP", con el que se financiaban los aportes a los usuarios de garrafas.

La medida se formalizó a través de decreto 415/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, y de esta manera ya se eliminaron 26 fondos fiduciarios y fideicomisos sobre un total de 28, según un relevamiento realizado en 2023 por la Oficina de Presupuesto

Qué pasará con el Programa Hogar

En el decreto se confirma la continuidad del Programa Hogares con Garrafa (Hogar), cuyos gastos, a partir de la disolución del fondo que lo financiaba, pasarán a ser atendidos directamente por el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía.

Asimismo, se faculta al Ministerio a “determinar la forma a través de la cual efectivizará la transferencia de recursos a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)” para el otorgamiento de los subsidios a hogares de bajos recursos y compensaciones a los productores de GLP (Gas Licuado de Petróleo).

A través del Programa Hogar, se subsidia o compensa de manera directa a hogares de bajos recursos o de viviendas de uso social o comunitario, consumidores de GLP envasado que vivan en zonas no abastecidas por el servicio de gas por redes  y a los propios productores de GLP.

En un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), se detalló “la carencia de manuales de procedimientos, reglamentos y/o instructivos que pauten la operatoria del Fondo Fiduciario”, así como documentación de respaldo de las transferencias de fondos en 2022 y 2023, entre otras irregularidades.

Autopistas

La disolución del PPP RARS se fundamentó en que quedó “fácticamente impedido de dar cumplimiento a su objeto”, ya que en 2020 “se extinguieron todos los contratos de Participación Público-Privada”, por lo que le quedo como único cometido el pago de los Títulos de Pago por Inversión (TPI).

Como en el caso anterior, la Sigen observó en este fideicomiso “la inexistencia de información vinculada con los beneficiarios/tenedores de los TPI, necesaria para cumplir con la normativa vigente sobre prevención del lavado de activos”, pese a que las obligaciones en ese sentido asciende a $84.954,5 millones.

Por otra parte, las disponibilidades totales del ente tienen un ratio de cobertura de 1,56 respecto de las obligaciones asumidas, “resultando suficientes financieramente para hacer frente a la totalidad de dichos compromisos”, se indicó en los considerandos del decreto.

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